Sorprendente noticia que aparece en la prensa: una ciudadana precisada de Justicia se cayó al acceder al nuevo edificio judicial de Ourense, recientemente inaugurado y pocos días antes de que el servicio de prevención inspeccione las nuevas instalaciones, al parecer tras recibir numerosas quejas de usuarios.
Por cuestiones más baladíes, hemos visto a clientes condenados por accidentes laborales: administradores, encargados de servicio, jefes de turno, delegados de prevención, coordinadores de seguridad y salud… Auténticas responsabilidades en cascada, prácticamente objetivas.
La culpa la tiene el infernal Protocolo suscrito el 19 de septiembre de 2007 entre la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y los Ministerios del Interior, Trabajo y Asuntos Sociales. Su título no deja lugar a dudas: para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la seguridad física de los trabajadores y la ejecución de sentencias condenatorias.
De sus efectos podrían hablar muchos empresarios:
- Producido un accidente y requerida la presencia de alguna unidad asistencial médica, en ocasiones llega antes la Inspección de Trabajo o la policía.
- Además de las actuaciones administrativas (acta de Inspección de Trabajo y recargo de prestaciones de la Seguridad Social), todas las personas los que tengan que ver con la prevención de riesgos laborales –cuanto más organizada esté la empresa en esta materia, más personas serán- se verán inmersos en un procedimiento penal.
- Ese procedimiento penal será largo. Aunque la Fiscalía General del Estado dice que el tiempo medio de estos procesos es de 5 años y medio, hemos asistido a juicios celebrados 8 y 11 años después del accidente.
- En ese procedimiento se les acusará de haber producido el homicidio o las lesiones del trabajador accidentado y de no haber facilitado los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas (el nefasto articulo 316 del Código penal).
- Se les pedirán 3 años de prisión, cuantiosas multas e inhabilitación especial para la profesión y oficio.
- Y, lo que es peor, en 3 de cada 4 casos según los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado publicada en 2014, se dictará sentencia condenatoria.
Denunciamos un cierto automatismo en estas sentencias condenatorias:
- No toda falta de medidas de seguridad debe ser incardinada en el ámbito criminal, sino las más groseras dejaciones de los más elementales deberes de cuidado. Bien sabe Dios que el ámbito de protección ordinario –el laboral- ya es suficientemente intenso.
- En ésta (vida y salud de los trabajadores), como en otras tantas materias, el Derecho Penal pretende actuar más como un bisturí que secciona selectivamente que como un burdo garrote que golpea indiscriminadamente (Memoria FGE 2013).
- En muchas sentencias, no se menciona si una sola palabra sobre el dolo que requiere el artículo 316 del Código penal.
- También es muy sucinta la justificación que se hace sobre la intervención que han tenido las personas a las que se condenan. Parece que se les condena por razón de su cargo, por una especie de “responsabilidad colectiva” cuando lo que rige en penal es la “responsabilidad personal” y el principio de culpabilidad.
- Muchas veces se limitan a decir que “debe protegerse al trabajador de sus propias imprudencias”, como si viviéramos en un mundo ideal donde las máquinas funcionan solas, tienen tantas protecciones que es un milagro que funcionen o todos los trabajadores tienen a alguien continuamente vigilándoles para que usen los equipos de protección y cumplan las normas de seguridad.
Mundo ideal de ensueño del que esperamos despierte más de uno, cuando vean que también en los accesos de los edificios de los Juzgados –sin la más elemental barandilla- se producen accidentes. Deseamos sentencia más justas y valientes, que terminen con el automatismo y con la responsabilidad objetiva que denunciamos.