Durante los primeros días del pasado mes de diciembre, se reunieron en Valencia los Jueces Decanos de España. Entre las conclusiones publicadas, muchas se refieren a la respuesta judicial ante la corrupción.
La multiplicación de los casos de corrupción que estamos sufriendo en este país produce desconfianza, alarma, sospecha generalizada, desaliento e indignación. Hay ambiente de que la corrupción está absolutamente generalizada y que emponzoña prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad.
A pesar de tener todos claro que la Justicia es un elemento esencial, aunque antes está la prevención, lo cierto es que no está en buena situación para mantener la lucha contra la corrupción:
- Pocos Juzgados:
Tenemos aproximadamente la mitad de jueces de la media europea, los cuales tienen que atender una litigiosidad que está, a su vez, muy por encima de la media.
Sin duda por razones presupuestarias, en los últimos años hemos visto cómo se ha limitado el nombramiento de nuevos jueces y que no se creaban nuevos juzgados. Por si fuera poco, los jueces sustitutos han desaparecido. Todo ello provoca juzgados colapsados y que, a la vez, haya algunos jueces sin plaza, a la espera de destino.
Para paliar esta situación, el 31 de octubre pasado el BOE publicó la creación de 282 plazas de juez, de lo que 177 son de adscripción territorial, para funciones de refuerzo y sustituciones.
- Pocos medios:
Los Jueces Decanos denuncian que no se invierte en Justicia, salvo el 1% de los Presupuestos Generales del Estado, y que esa cantidad disminuye con el tiempo, mientras que el presupuesto de la Agencia Tributaria, por ejemplo, se incrementó en un 75%.
¡Seguimos utilizando cantidades ingentes de papel! Las montañas de expedientes siguen siendo habituales sobre las mesas y en las estanterías de los funcionarios. Hace pocos días, pude observar en un Juzgado de Andalucía que estaban desesperados ante la necesidad de imprimir 100 tomos de una causa (unos 40.000 folios) y que otro funcionario dedicaba su tiempo libre a escanear las actuaciones con sus propios medios informáticos.
- Procesos lentos y obsoletos:
Basta mencionar que la ley de enjuiciamiento criminal es de 1882. Se nos debía caer la cara de vergüenza.
Los Jueces Decanos, como quienes mejor dicen conocer las deficiencias evidenciadas en el trabajo cotidiano en la Administración de Justicia, proponen 58 medidas. A ver si les hacen caso y contradecimos al Director General de la OLAF Giovanni Kessler, para quien “estamos en la edad de piedra en la lucha contra la corrupción”.